Conjunto de normas nacionales o supranacionales, desarrolladas para “atraer” a corporaciones transnacionales o inversores nacionales, y de esa forma, asegurar que sus operaciones generen ganancias en un largo plazo.
Estas normas -histórica y coincidentemente- se imponen en todos los países evadiendo o manipulando, procesos democráticos que se contraponen a la voluntad de la población y que son fuertemente resistidos por organizaciones obreras, campesinas, indígenas, etc.
La seguridad jurídica para las inversiones se asienta en el sacrificio de derechos o en la desprotección del medio ambiente. Procesos de flexibilización laboral, la eliminación del derecho a la consulta previa o el cambio deliberado del uso de la tierra, junto a subsidios y permisos para la evasión impositiva de actividades industriales y extractivas, son parte del paquete de esta práctica común de los Estados.
Por ejemplo, en muchos países en los que se pueden estar dando pasos hacia una transición energética justa, las empresas, apelando a la seguridad jurídica para las inversiones, están demandando en tribunales internacionales de arbitraje a los Estados centrales o seccionales y reclamando millonarias compensaciones.
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