Hace año y medio, en la noche del 7 de abril de 2020, tres oleoductos derramaron cerca de 57.000 litros de petróleo en los ríos Napo y Coca. Este fue el segundo derrame de petróleo más grande en la historia de Ecuador. Al amanecer, los ríos estaban muertos. El impacto fue tremendo: 35.000 personas se vieron afectadas directamente, incluidas 27.000 personas indígenas Kichwa. Otras 85.000 personas sufrieron impactos indirectos en tres provincias amazónicas: Napo, Sucumbíos y Orellana.
Es importante recordar que en el momento del desastre, ¡Covid-19 ya estaba en el Amazonas! La amenaza de la pandemia en partes remotas del bosque, con la falta de salud pública y equipos de prueba, ya era aterradora. Con los ríos muertos, la situación se volvió insostenible. La población que dependía del río para sobrevivir ya no podía mantener su sustento, pero aún tenía que adoptar medidas de prevención y control para prevenir la propagación del virus en la comunidad. De repente, miles de personas perdieron el acceso al agua, los alimentos y un medio ambiente saludable. Esto tuvo un impacto profundo en la salud física y emocional de la población.
La Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) interpuso una acción de amparo contra el Estado ecuatoriano, exigiendo reparación ambiental y reparación por los derechos colectivos y derechos de la naturaleza vulnerados. A pesar de las violaciones, la corte provincial falló en contra de las víctimas y ellas y sus abogados defensores han sido criminalizados. Las empresas OCP Ecuador y Petroecuador EP, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables no pudieron demostrar que se tomaron las medidas adecuadas para prevenir el derrame de petróleo, aunque habían sido advertidas de la erosión regresiva en el área por científicos y expertos desde el colapso de la cascada San Rafael el 2 de febrero de 2020. Continúan los derrames de petróleo y la erosión regresiva.
Hasta la fecha, no se ha pagado ninguna compensación a las poblaciones afectadas. El gobierno y las corporaciones petroleras continúan ignorando su responsabilidad por la destrucción del medio ambiente y aún no han tomado medidas urgentes para contener las causas de la contaminación o prevenir futuros derrames.
Conozca más:
“Derrame de petróleo: una triple pandemia devasta la Amazonía ecuatoriana” – OpenDemocracy: https://bit.ly/3zmb9kk
“Las organizaciones indígenas y las organizaciones de derechos humanos responden a la declaración de PetroEcuador sobre el fin del financiamiento comercial del petróleo de la Amazonía ecuatoriana por parte de los bancos europeos” – AmazonWatch: https://bit.ly/3jnJJVm