Tras más de dos décadas de retraso, ineficiencia, excusas, captura e interferencia corporativa, y ante el fracaso de las negociaciones internacionales de cambio climático, el litigio climático se plantea como una ruta alternativa para lograr en un menor plazo y de manera más específica, el cierre de operaciones de industrias contaminantes, la reparación de daños y la protección de derechos de las comunidades vulneradas.
Aunque es una estrategia en desarrollo, con jurisprudencia limitada, y en la gran mayoría de los países existen limitaciones en la independencia de poderes, en la última década se han impulsado casos exitosos de litigio climático en todo el mundo. Es una de las herramientas que los pueblos y organizaciones pueden utilizar para hacer responsables a los grandes contaminadores corporativos y a los gobiernos, y exigir la protección de derechos de comunidades vulnerables o víctimas de actividades extractivas.
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